La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la prohibición de demoler las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los símbolos de la dictadura donde se torturaron y asesinaron presos políticos, medida que había sido impulsada por el gobierno de Carlos Menem y resistida por organismos defensores de Derechos Humanos.
A raíz de que en ese lugar funcionó uno de los más tenebrosos centros clandestinos de detención, el tribunal reprochó "el descuido del Ejecutivo de su deber de preservar bienes que puedan constituir pruebas valiosas vinculadas a hechos de la historia reciente, aún no aclarados y sobre los cuales existen causas judiciales con investigaciones en curso".
Así, la Corte confirmó una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de esta capital que había declarado la "inconstitucionalidad" de un decreto del anterior gobierno, que instruyó al Ministerio de Defensa para que "realice las tareas necesarias con el fin de generar un espacio verde de uso público y el lugar de emplazamiento de un símbolo de unión nacional".
El gobierno de Menem dictó ese decreto el 6 de enero de 1998, pero organismos humanitarios rechazaron la medida y recurrieron a la Justicia para frenar sus efectos. La cuestión llegó al máximo tribunal, que dejó firme la inconstitucionalidad de lo dispuesto por aquel decreto, y trabó en forma definitiva cualquier posibilidad de demolición.
La Corte reivindicó tácitamente el "derecho a la verdad" de los familiares de las víctimas de la represión del último régimen militar. Además, evaluó que el gobierno de Menem "no negó que pudiera concretarse la demolición de las instalaciones sino, solamente, que ella fuera inminente".
El predio de la ESMA, está situado en Libertador al 8300 de esta capital, en el barrio porteño de Núñez.
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