Buenos Aires, 17 de septiembre de 2003 - 10:23 hs. Última actualización 00:37
Dictadura militar Astiz, procesado con prisión preventiva y embargado Es por presunta participación en los crímenes cometidos en la ESMA durante la ltima dictadura militar, se informó en Tribunales. Astiz fue notificado de la medida -dictada por el juez federal Sergio Torres- que además de la perdida de su libertad le implica un embargo de 38 millones de pesos.
La Justicia volvió a procesar con prisión preventiva -seguirá tras las rejas- al ex capitán de fragata Alfredo Astiz en una causa en la que se investiga su participación en los crímenes cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar, se informó en Tribunales.
Astiz, conocido por sus víctimas como "El Angel de la Muerte" y "El Cuervo", fue notificado de la medida -dictada por el juez federal Sergio Torres- que además de la perdida de su libertad le implica un embargo de 38 millones de pesos.
El ex torturador fue trasladado desde el edificio Libertad sede de la Armada- a los tribunales federales donde el juez federal Sergio Torres lo notificó de que ya no cuenta con el amparo de la ley de amnistía Obediencia Debida, recientemente anulada, y en consecuencia quedó procesado de nuevo y preso con un embargo millonario sobre sus bienes.
Además de los cinco hechos delictivos por los que estaba procesado desde 1987 e irá a juicio oral, Astiz había sido indagado entonces por el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vicenzi, por lo que ahora el juez Torres deberá resolver su situación procesal en relación a dichos casos.
Luego del paso de Astiz por el edificio de Comodoro Py 2002 siguieron desfilando otros camaradas suyos de la ESMA: el segundo en pasar por la sede judicial fue el capitán de navío retirado Jorge Acosta, preso en Campo de Mayo por robo de bebés y bienes de desaparecidos, y en el juzgado aguardaban al menos a otros siete marinos.
La Armada informó al juzgado federal número doce que a primera hora de la mañana ya estaban detenidos en su sede central otros seis marinos, los cuáles serían trasladados durante la jornada conjuntamente al tribunal, según fuentes judiciales citadas por la agencia Diarios y Notricias. Se trataría de Carlos Octavio Capdevilla, Adolfo Miguel Donda, Manuel García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller.
También está acusado el ex prefecto Héctor Febres -ya procesados y con prisión preventiva por el robo sistemático de bebés nacidos en cautiverio-, y el ex prefecto Juan Antonio Azic, que se encuentra internado luego de intentar suicidarse el 25 de julio último, cuando la Justicia ordenó su captura por requerimiento del juez español Baltasar Garzón.
De los quince marinos y prefectos acusados por el juez Torres figurarían cuatro oficiales fallecidos: Humberto José Barbuzzi, Carlos Raúl Carella, Luis Nicolás D'Imperio y José Antonio Suppicich.
El capitán de navío retirado Jorge Vildoza está prófugo desde hace más de 10 años de la Justicia, que lo acusa del secuestro e inscripción como hijo propio del niño que la desaparecida Cecilia Viñas dio a luz en 1977 en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA. Años atrás, ya jovencito, Javier Vildoza se presentó a la jueza federal María Servini de Cubria y recuperó su auténtica identidad.
En el juzgado de Torres, agregaron las fuentes, evaluaban adonde mandar presos a los marinos y entre las opciones más firmes figuraba alguna unidad naval y la sede de la Gendarmería en la base militar de Campo de Mayo. El caso de Astiz es diferente y podría ir a otro centro de reclusión por haber sido apartado años atrás de la marina de guerra.
Por el "El Angel de la Muerte" también el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale libró orden de captura, enmarcada en el proceso de extradición que inició Francia por la desaparición de las monjas galas. En 1990 el ex marino fue condenado en ausencia, en Paris, por ese doble crimen.
Por orden de la Cámara Federal porteña, Torres reactivó la causa por los crímenes cometidos en la ESMA y, en ese marco, libró las órdenes de detención. El expediente, abierto hace más de 15 años, quedó paralizado por la ley de Obediencia Debida, anuladas por el Congreso e impugnadas por inconstitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. "La causa ya está en condiciones de ser elevada a juicio", explicó Torres a DyN, y agregó que, paralelamente, "habrá que investigar otros hechos sobre los que ahora tendrá que dictaminar la fiscalía".
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